Un fondo suizo quería despedir a 300 empleados de Unipapel y que lo pagáramos todos los españoles

La Audiencia Nacional ha decidido anular el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sobre Unipapel, que afectaba a unos 300 trabajadores. El juez, de este modo, entiende que el fondo propietario de la compañía, el suizo Springwater, pretendía que los costes salariales salieran de las arcas públicas.

El juez, además, ha explicado que la situación económica negativa de Unipapel no es coyuntural, sino «estructural y definitiva», lo que quiere decir que la crisis no puede superarse con la suspensión temporal de los contratos de su plantilla. Un recurso el del ERTE, que según el juez sólo podría empeorar las cosas aún más.

«Se hace evidente que la suspensión de los contratos sólo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a cargo del Fogasa», señala la sentencia.

El auto señala además que la empresa dejó de pagar los salarios en abril de 2016 y que, dos meses después, una Inspección de Trabajo levantó acta de infracción por no proporcionar trabajo efectivo a su plantilla.

Según la misma sentencia, durante el periodo de negociaciones la dirección dejó claro que no tenía obligación de inyectar fondos en Unipapel, lo que reflejó, según las fuentes consultadas, su clara intención tanto de reducir costes laborales como de explorar vías para que los trabajadores cobraran lo antes posible el desempleo.